Microempresarios del transporte público que operan en las rutas de la Avenida 27 de febrero de la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana obstaculizaron la vía, una de las tres principales de la ciudad, en reclamo de que las autoridades del transporte les permitan violar las leyes provocando un embotellamiento que afecto a los usuarios y conductores que transitan por la vía.
Según los datos ofertados por el Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, en un discurso para justificar la construcción de varias soluciones viales en la referida vía, los usuarios diarios son más de cincuenta mil; de donde inferimos que por el tiempo que estuvo paralizado el transito miles de personas fueron afectadas.
¿Quién resarce los daños causados por estos microempresarios a aquellos que llegaron tarde a sus citas o las miles de horas de trabajo perdidas por los empleados de diferentes empresas?
Estos microempresarios usufructúan el espacio público a su antojo sin devolverle a la ciudad o al gobierno central una compensación por ello. Prestan a las personas un servicio deficiente, aunque resuelven un problema, no brindan seguridad y trato amable a los pasajeros. La mayoría de las unidades son vehículos en tan malas condiciones que pueden ser clasificadas como chatarras. La cantidad de contaminantes expedidos a la atmosfera compite con el de las industrias. Las infracciones de tránsito que habrían de ponerles a estos microempresarios agotaría los talonarios de los agentes de tránsito: Cruzan los semáforos en rojo, manejo temerario, exceso de velocidad en zonas residenciales, estacionamiento en lugares prohibidos, violación a las señales de tránsito, unidades emisoras de ruido por encima de los rangos permitidos, no tienen seguridad en sus unidades para los pasajeros, obstrucción de la vía.
Con todo esto las autoridades tienen un pulso con las agrupaciones de estos microempresarios, pues estos han sido la retranca que ha impedido el desarrollo de un trasporte urbano e interurbano público, eficiente y amigable con el medioambiente. El volumen de dinero manejado por las asociaciones de transportistas y la violencia con que reclaman su espacio de negocios le dan la fuerza para pulsear con el gobierno compuesto por políticos obsecuentes ante la posibilidad de ser favorecidos con unos pocos votos.
Para colmo, el gobierno y los gobiernos municipales se endeudan contando con las recaudaciones de impuestos a las demás actividades económicas y los ciudadanos que habitan en las diferentes comunidades para cambiar la flotilla de vehículos a estos microempresarios.
En una visión de ciudad estos microempresarios deben ser ajustados a reglas claras y los mismos tienen que hacer uso del espacio público sin perjudicar a los demás habitantes de este espacio de sueños e ideas construidos en metal, concreto y asfalto.
